George Soros autor de aquella carta illuminati exigiendo a las naciones del orbe despenalizar el consumo de drogas (la firmaron Perez Esquivel, Domingo Cavallo, Margaret Tatcher, etc. y viabilizaron que la exigencia se vaya cumpliendo globalmente). Dicen que ahora está preparando otra para pedir apoyo a sus amigos y poder avanzar con su proyecto de represa correntina. Lo que pasa es que en Corrientes son muy cerrados, son unos cabezas sapucay.  En Corrientes no son Open Society Institute, no son idealistas.org. Y siguen las firmas…

Piden en la justicia detener la represa de Soros en Corrientes

El intendente de Monte Caseros, Eduardo Galantini (PJ), solicitó a la Justicia la paralización del proyecto Ayuí, impulsado por las empresas Copra S.A y Adeco Agro, que prevé inundar 8.000 hectáreas mediante la construcción de una represa en una zona cercana a los esteros del Iberá.

El jefe comunal solicitó que se dicte una prohibición de innovar, “disponiéndose que el Estado de la provincia de Corrientes se abstenga de aplicar la ley 5974 de ordenamiento de bosques nativos en la zona del espinal, manteniendo en esa zona la prohibición de autorización de desmonte, y se ordene también el cese inmediato y la paralización de las obras del Proyecto Ayuí Grande”.

Copra S.A es una empresa perteneciente a José Aranda, directivo del grupo Clarín, y Adeco Agro es propiedad del magnate húngaro-estadounidense George Soros.

La presentación se formuló ante el Juzgado Civil de Mercedes, donde tramita un amparo promovido por la Fundación Reserva Iberá, que pidió se declare inconstitucional la ley 5974, de ordenamiento territorial de bosques nativos, sancionada por la Legislatura correntina.

Afirman que tal legislación tiene directa incidencia sobre el Proyecto Ayuí, porque su habilitación “se basa en que la zona donde se va a emplazar, fue clasificada como verde”.

El intendente Galantini se presentó como parte interesada debido a las consecuencias que la construcción de la represa traería a su localidad, ubicada a la vera del río Uruguay.

Además, lo hizo en cumplimiento de una ordenanza del Concejo Deliberante de Monte Caseros, que expresa “el rechazo al megaproyecto que pretende represar el arroyo Ayuí, con el consiguiente deterioro ambiental y el riesgo sanitario para las poblaciones (ubicadas) aguas abajo de la represa”.

La ordenanza también dispone “arbitrar las medidas judiciales necesarias tendientes a salvaguardar la salud de la población”.

En la solicitud, el intendente hace referencia al “vertido de inmensas cantidades de fertilizantes al Ayuí, Miriñay y, por último, al Río Uruguay” y añade que “además de los perjuicios directos sobre nuestra población, el megaproyecto implica una desmedida agresión al medioambiente haciendo desaparecer un hábitat natural compuesto por el Arroyo Ayuí”.

“El proyecto para represar el arroyo Ayuí Grande intenta inundar 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua, del que dependen otros productores, y eliminando valiosos bosques nativos”, afirma la presentación realizada a la Justicia.

Este reservorio artificial recibiría, a su vez, los efluentes químicos de una gigantesca superficie de plantíos (unas 20.000 hectáreas bajo riego), y el destino de la cuenca del río Miriñay (receptor final de las aguas que terminan en el río Uruguay, pocos kilómetros aguas arriba de la ciudad de Monte Caseros) podría quedar severamente comprometido; no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también productivo.

En cumplimiento a la obligación que le impone la Carta Orgánica de ese Municipio, Galantini solicitó a la Justicia la paralización del proyecto arrocero denominado Ayuí, a fin de “asegurar el derecho de los habitantes a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, protegiendo el sistema ecológico y el uso racional de los recursos naturales”.

Recientemente el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, autorizó el avance de este cuestionado emprendimiento arrocero, al sostener: “no podemos tolerar que personas foráneas nos vengan a decir que tenemos que vivir permanentemente en estado animal, sin poder trabajar o producir”.

El plan de Aranda y Soros consiste en levantar una represa sobre el arroyo Ayuí, en el departamento de Mercedes y a 50 kilómetros de los esteros, para inundar 8000 hectáreas de bosques protegidos y así irrigar otras 77 mil hectáreas destinadas al cultivo de arroz.

El nuevo espaldarazo dado por Colombi a los empresarios viene después de que la Corte Suprema de Justicia, en junio pasado, levantara la medida de no innovar que había dispuesto en septiembre de 2010, pero no por haber resuelto la cuestión de fondo, es decir, si la obra perjudica al ecosistema y viola normas de protección, sino por considerar agotado el objeto del amparo, que fue el pedido de informes al gobierno provincial.

El propio tribunal, además de reconocer la competencia del Estado nacional –un dato clave de cara al futuro de la polémica, detalló que el supuesto daño ambiental que podría generar el emprendimiento “no puede encontrar cabida en esta causa” en tanto que excede su objeto. A pesar de esto, Colombi insistió con la idea de que la Corte le había dado la razón.

Los responsables de la campaña “Salvemos al Iberá” repudiaron estos dichos y convocaron a movilizarse el 7 de septiembre “contra este y todos los proyectos ilegítimos que están dañando los recursos naturales correntinos”. También rechazaron lo sostenido por el gobernador sobre el potencial desaprovechado a causa de “falsos ambientalistas que lo único que quieren es que nuestra provincia tenga más del 60% de sus tierras improductivas”.

Los ecologistas se limitaron a señalar que “este año aumentó la superficie sembrada de arroz en 20 mil hectáreas –según la Acpa– comparado con el ciclo 2009-2010, generando una cosecha extraordinaria.

24 AGO 2011

FUENTE: aimdigital.com.ar CORRIENTES  ARGENTINA

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