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Jujuy: ¿Contaminación dentro de un Parque Nacional?

Dentro del Parque Nacional Calilegua todavía existen más de 30 pozos petroleros. Las empresas que los explotan alegan que se encontraban allí antes de que el área estuviese protegida. Reclamos por los pasivos ambientales chocan con problemas de jurisdicción.

Los responsables del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, pobladores de la zona, organizaciones sociales e incluso organismos estatales vienen reclamando por los graves problemas ambientales en el Yacimiento Caimancito, ubicado dentro del área protegida y actualmente responsabilidad de la concesionaria Pluspetrol.

Más allá de que exista o no voluntad de resolver dichos problemas, la cuestión jurisdiccional juega en contra, pues no está claro quién tiene la obligación de tomar las decisiones políticas y administrativas necesarias. Se tiran la pelota unos a otros.

En los últimos diez años se acumularon 60.000 toneladas de sales, aseguran fuentes de la Administración de Parques Nacionales. Y en esos diez años, además, se acumula documentación, fotos y videos que dan cuenta de la presencia de contaminación que afecta directamente el agua dulce de los arroyos que nacen en la zona y luego forman parte del Río Bermejo. El agua resultante es no apta para consumo humano ni animal, ni siquiera para riego. Sin contar la presencia de riesgosos pasivos ambientales provenientes del estado de abandono de 24 viejos pozos improductivos sobre los que no ha habido ningún tipo de intervención.

Dentro del Parque Nacional Calilegua, de unas 76.000 hectáreas de extensión, hay más de 30 pozos petroleros. El Yacimiento Caimancito, de 5.700 hectáreas, comenzó a ser explotado por YPF en 1969, alcanzando un record nacional de producción diaria de 7 mil metros cúbicos. Actualmente, ese volumen es de apenas 70 metros cúbicos por día.

La particularidad de este caso es que la explotación existía antes de la declaración del Parque Nacional, en 1979. De todos modos, la cuestión de la preexistencia no justificaría la inacción de la autoridades, pues existe un fallo de la Justicia de Mendoza que sentó jurisprudencia al afirmar que “en materia de protección ambiental contra la explotación petrolera en un área natural protegida, no vale el principio del primero en el derecho cuando se es primero en el tiempo, y que además en este tipo de cuestiones no existen los derechos adquiridos, prevaleciendo en todo caso el derecho a la protección ambiental, por existir un interés general superior en su protección y por ende, ser éste un derecho de mayor rango, sentando jurisprudencia.”

En mayo del 2008, la provincia de Jujuy autorizó la cesión de la concesión a Pluspetrol SA. Le quedan 10 años y tiene una opción a prorroga por 10 años más. A partir de la sanción de la ley de federalización de los hidrocarburos (26.197), el encargado de estas cuestiones es el Estado provincial.

¿Quién se ocupa?

En mayo de 2009 Pluspetrol presentó a la Dirección de Minería el Estudio de Base Ambiental y Social de Operación para el Yacimiento Caimancito, que la APN calificó de incompleto. Tres meses después, el organismo le pidió a la empresa que presentara el Proyecto de Desarrollo y Mejoras del Yacimiento y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Hasta el cumplimiento de este pedido, el operador no puede continuar con el desarrollo de la actividad, fuera de lo que son la operación y mantenimientos rutinarios. Al día de hoy, la empresa no presentó nada, lo que motivó una denuncia de la APN ante el Defensor del Pueblo de la Nación, Horacio Ester.

Es que Pluspetrol no reconoce a la APN como autoridad con jurisdicción sobre sus actividades, ni siquiera respecto de los estudios de impacto ambiental, por lo que es esperable que no haya respuesta al pedido de ese organismo.

El control de las explotaciones petroleras es jurisdicción de la provincia en donde se desarrolla la actividad; en este caso, el gobierno de Jujuy, a través de la Dirección de Minería y Recursos Energéticos, a cargo de Martín Sánchez. Esta Dirección es la única autoridad reconocida como tal por las empresas concesionarias, incluida Pluspetrol.

La Administración de Parques Nacionales, en tanto, tiene autoridad sobre los temas ambientales referidos a los Parques del sistema. Pero Rafael Tabarconte, intendente interino del PNC, advierte que “esta no es una explotación común, porque está dentro de un área protegida, por lo tanto debería regirse por nuestras normas”.

Mientras el conflicto jurisdiccional no se resuelve, la empresa continúa con sus actividades y el personal del parque recorre a diario los pozos para detectar filtraciones, derrames o cualquier otro tipo de irregularidades. “Se controla bastante”, afirma Tabarconte, y asegura que “se trata de que se cumpla con la ley lo más rigurosamente posible”.

Un pozo sin dueño ni control

A 800 metros del límite del Parque está el llamado pozo Caimancito e-3, que actualmente no pertenece a ninguna concesión y está completamente abandonado, es decir, es única responsabilidad del Estado.
En julio de 2007 se produjo allí un derrame de 40 mil litros de petróleo por la rotura del oleoducto, que contaminó el arroyo Sauzalito y se desplazó hasta 5 kilómetros fuera del Área Protegida. Al año siguiente, y a causa del abandono de los caños, se produjo otro derrame de crudo.

La contaminación fue detectada e informada por primera vez en 1997 por la Policía de Hidrocarburos de la Secretaría de Minería, Industria y Recursos Energéticos de Salta. Perforado en 1971 por YPF, el pozo resultó estéril, por lo que fue sellado con columnas de hormigón. Pero luego la estructura colapsó y comenzaron a surgir aguas salinas, en una concentración de 10 kilogramos cada 100 litros de agua y a elevadas temperaturas.

En el año 2000, personal del PNC advirtió de la situación a la Administración de Parques Nacionales (APN) sobre el fluir de la denominada “agua de formación”, que es agua a muy elevada temperatura y con altos valores de sales (entre otros elementos como metales y gases tóxicos), que contamina el arroyo Yuto, afluente del río Bermejo, haciéndola no apta para el consumo humano y ganadero, ni siquiera para riego.

A partir de la advertencia del personal del Parque, la APN abrió en 2000 un expediente interno e hizo una presentación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.  Después de casi 12 años desde el primer informe sobre la contaminación en el Caimancito e-3, “no hubo ningún tipo de avance en su solución por parte de las autoridades competentes, entiéndase la Secretaría de Energía Nación y su par en el orden provincial”, según afirma la misma APN. En sintonía con estas acciones, el 31 de agosto de 2009 la intendencia del PNC presentó una denuncia por contaminación tomando intervención la Fiscalía Federal N°1 de Jujuy.

En 2009, la APN presentó un informe a la Legislatura de la Provincia de Jujuy, en el que afirma que “el manejo y aprovechamiento de los hidrocarburos por regla general posee potencial contaminante y residual sobre el entorno”, y advierte que, en este caso, se trata de “un área de elevada sensibilidad, singularidad y alto valor de conservación como es la Selva Pedemontana”.

Pedido de informe de la Legislatura

En septiembre de 2009, la Legislatura provincial envió al Poder Ejecutivo provincial un pedido de Informe sobre la actividad extractiva de petróleo en el PNC, los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa concesionaria, las acciones de vigilancia ambiental, los montos de las regalías, el estado del pasivo ambiental en el pozo e-3, los estudios realizados sobre el líquido que emerge de él y sus efectos sobre el medio ambiente, y las acciones del gobierno provincial realizar para la eliminación, tratamiento y remediación de ese pasivo ambiental.

José Luis Politi

20 ENE 2011

FUENTE:  notio.com.ar JUJUY

 

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