Las aguas bajan turbias en el conurbano bonaerense

Es por la contaminación con cromo y plomo de un acueducto. Afecta la red de agua potable de la que se abastecen Vicente López, San Martín, San Fernando, San Isidro y Tigre. Se estima que 1,5 millones de personas son las perjudicadas. Un fallo inédito que deberá publicarse en el Boletín Oficial
La Justicia condenó al gobierno bonaerense a realizar el saneamiento de un acueducto contaminado con plomo y cromo, que constituye un punto clave de la red de la empresa AySA que abastece a 1,5 millones de personas.

El daño ambiental fue causado principalmente por la firma Diacrom SA, y el resultado fue celebrado como una victoria por los vecinos de Vicente López que luchaban desde hace varios años para detener la contaminación (Una situación…). La empresa, que funciona allí desde 1956, se dedicaba al cromado de metales en el distrito y, como quedó demostrado en el fallo, contaminó la red de agua corriente no sólo de Vicente López, sino también de San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre.

La causa se inició por una denuncia presentada por Ecosur, una fundación sin fines de lucro que se encarga de defender temas ecológicos. Un fallo en primera instancia le había dado entidad al amparo, pero la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del departamento judicial de San Isidro dio lugar a una apelación del gobierno provincial. En ese momento, el encargado de tomar la decisión definitiva fue la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del departamento judicial de San Martín. Allí la decisión fue clara: la Provincia debe hacerse responsable.

En el escenario actual, el gobierno bonaerense deberá realizar “un procedimiento inmediato de resanación del daño ambiental encontrado”, y si la administración Scioli se ve imposibilitada de llevarla adelante, la empresa Diacrom SACIC deberá indemnizar sustitutivamente al Fondo de Compensación Ambiental, como especifican los artículos 28 y 34 de la ley 25.675.

“Si bien la Provincia tiene diez días para recurrir a la Corte Suprema para apelar la sentencia, nosotros esperamos que no lo hagan de nuevo y que se hagan cargo de la responsabilidad que les compete”, aseguró a Hoy Miguel Quintabani, ex concejal del distrito y actual representante de los vecinos que luchaban judicialmente contra la situación.

Asimismo, la Provincia deberá controlar a todas las empresas que se ocupen del control del agua por AySA para prevenir la agravación de la contaminación detectada. Un dato novedoso del fallo es que ordena su publicación íntegra en el Boletín Oficial para que todos los habitantes de los municipios afectados puedan tomar conocimiento del caso a través de internet.

Para ser precisos, la condena nada tiene que ver con cuestiones económicas. En realidad, lo que se dictaminó fue que desde el gobierno bonaerense se haga lo necesario para que cese el “envenenamiento” del agua. Y la causa por la que no perjudica sólo a Vicente López es técnica: bajo la empresa se encuentra emplazado un río artificial construido hace aproximadamente treinta años, cuya función es distribuir el agua que luego la empresa concesionaria (AySA) ofrece a los demás partidos afectados.

Desde Diacrom, según el relato de alguien con acceso directo a la causa, afirman que de las muestras de agua que extrajeron sólo se perciben 44 microgramos de cromo, cuando el límite es de 50. Sin embargo, fuentes oficiales ironizaron que los índices que maneja la empresa “son tan reales como los del Indec que dirige Guillermo Moreno”.

Al respecto, Quintabani hipotetizó que de ser cierto esto, igualmente existiría un problema, la violación contractual, ya que en este escenario AySA no cumpliría con el suministro de agua de la calidad que rige en los convenios.

Una situación que la Provincia ya sabía

El fallo de la Cámara, después de muchos años de lucha y de espera por una sentencia, es una victoria de los que empezaron la lucha.

O al menos así lo vivieron desde ese lugar. La resolución la consiguió la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), con la dirección jurídica de Mariano Aguilar, que le manifestó a Hoy su “profunda alegría” por el dictamen. Y más que un resultado esperado era un destino casi inevitable: el gobierno provincial conocía muy bien el problema e incluso ya había ordenado su clausura en algún momento.

Mediante la resolución 772/07, la secretaría de Política Ambiental (hoy Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) dispuso la clausura parcial de la empresa sobre el sector de galvanoplastia cuyo rubro es Cromado Duro Electrolítico.

Tiempo después esa clausura fue le-vantada, pero al parecer los inconvenientes continuaron. En ese momento la cartera estaba a cargo de Silvia Suárez Arocena, que dejó el cargo con el cambio de mando en diciembre del año pasado. Pero, después de tantas idas y vueltas, nadie en la administración provincial podía negar que no lo sabían.

Ezequiel Vazquez

31 JUL 2008
FUENTE: DIARIOHOY.NET BS.AS. ARGENTINA

N. DE LA R. DE TERRATOXNEWS: UD. TIENE DERECHO A SABER SOBRE CROMO Y PLOMO

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