Insostenible convivencia

LA relocalización de las plantas químicas, con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de la población ante el ya comprobado impacto ambiental que su funcionamiento produce, parece una empresa impracticable. Dicho así suena como una idea alocada, producto del impulso o quizá de la impotencia ante los hechos ocurridos que afectaron y sensibilizaron aún más a la población. Pero en el análisis fino y mesurado, y siempre avanzando en un esquema a largo plazo que implique el menor impacto social y económico posible, esa intención comienza a seducir y a encontrar más defensores que detractores. Si se realizara hoy una encuesta o sondeo entre los vecinos, es muy posible que la mayoría opine que el traslado de las plantas hacia otro sector más controlado sería la gran solución a una convivencia, entre químicas y comunidad, que es ya prácticamente insostenible. Es lo que señala y defiende uno de los convencionales constituyentes que trabaja en el armado de la Carta Orgánica local, y que en esta coyuntura ha desempolvado un viejo proyecto en carpeta desde hace años que se animó ahora a tirar sobre la mesa de debate (…). No son pocos los que comienzan a plantearse qué es mejor: si seguir con el peso del “cuco” a perder o perjudicar una de las fuentes laborales más importantes para la economía de la ciudad, o priorizar la salud y la seguridad de la gente. El dilema, no obstante, se plantea sin solución aparente. Años atrás el entonces intendente Carlos Rojo propuso la erradicación de los barrios aledaños al polo químico, una idea trasnochada que trajo más complicaciones que beneficios para esos vecinos, víctimas del descontrol y la falta de planificación urbana. Ambos escenarios no tienen puntos de comparación. Todo depende, en realidad, de la decisión política que las autoridades asuman para enfrentar a los sólidos grupos económicos que controlan Petroquímica y Atanor, y al propio Estado nacional en el caso de Fabricaciones Militares. Sin temor a incurrir en equivocaciones, al menos en los próximos años es improbable que alguna autoridad municipal se atreva a enfrentar a empresas que sostienen laboralmente a unas 1.500 familias en forma directa e indirecta, y a más del 10 por ciento de la población riotercerense económicamente activa, y que facturan decenas de millones de dólares.

Así razonó, hasta ahora, el intendente Luis Brouwer de Koning: dispuso el jueves la clausura preventiva de la planta química siniestrada el miércoles, cuando ya no quedaba otra opción y acorralado por el malhumor social que escaló posiciones luego de la reiteración de accidentes ambientales preocupantes y serios. ¿Hasta dónde se animará el intendente? Todo dependerá de la reacción de la gente y de la virulencia del reclamo colectivo.

El Municipio tuvo una “alerta roja” que soslayó el pasado martes 12 de junio, cuando un incidente laboral terminó con la vida de dos infortunados operarios que inhalaron gas fosgeno en Petroquímica. Con la excusa que se trató de un accidente laboral, sin afectación a terceros, decidió no actuar como órgano de contralor con poder de policía. Este medio, en una extensa y crítica nota editorial, señaló en esa oportunidad que los accidentes laborales en este tipo de industrias son diferentes a los de otra actividad, y que sí pueden tener potenciales consecuencias para el medio ambiente y la salud de terceros.

Ahora la Municipalidad está obligada a actuar a partir de su propia decisión. La finalización de la clausura hacia la empresa depende de la realización de una auditoría, que debe encarar personal idóneo e independiente, difícil de hallar. Brouwer dijo que esa decisión no fue fácil de asumir por las consecuencias laborales y empresarias que traerá aparejadas. Pero dejó en claro que la planta de TDI volverá a funcionar siempre y cuando el Municipio cuente con la seguridad que no ocurrirá otro incidente ambiental como los sucedidos.

Regresando al concepto de convivencia entre vecinos y empresas químicas, éste, sin dudas, ha quedado herido de muerte y casi en el final de una larga agonía. Sólo quedan dos caminos: o iniciar un proceso de control rígido que obligue a las firmas a realizar inversiones en seguridad y aporte de nuevas tecnologías para sus plantas, con la advertencia de aplicar duras sanciones si no se cumplen los requisitos exigidos, o establecer un plan coordinado y como política de Estado para la erradicación de las plantas del lugar que ocupan actualmente, densamente poblado. En cualquier caso, en rigor de verdad, debe primar el control y las exigencias en seguridad, porque son reclamos urgentes.

La reincidencia de Petroquímica de lo que para el Código de Faltas Municipal se entiende como infracciones, es alarmante. Esto ocurrirá en la medida que no existan sanciones firmes y contundentes de los entes de control. Y en ese grupo se ubica también la Agencia Córdoba Ambiente, con una inacción e indiferencia alarmante en el caso de lo ocurrido en Río Tercero. El Municipio recurrió en varias oportunidades a su presidente para que la Agencia también interviniera en su capacidad humana y técnica. Nunca recibió a las autoridades locales ni atendió sus reclamos. Es más, su titular, Horaldo Senn se negó a hacer declaraciones periodísticas sobre los sucesos en Petroquímica, y sólo se limitó a justificar su ausencia a que el caso estaba siendo investigado por la Justicia. Y más aún. El pedido de apoyo del Municipio, fechado el 23 de julio pasado, referido al incidente que le costó la vida a dos operarios, fue respondido con “un ataque”, como lo calificaron algunos funcionarios municipales. Ese mismo día, la Agencia envió al Municipio una dura carta documento intimándola a limpiar de residuos patógenos su basural por un hecho denunciado en noviembre de 2006, todo ello bajo la amenaza de descontar de la coparticipación de impuestos una especie de multa por la supuesta transgresión a la ley 9088.

Entre los cuestionamientos y críticas se encuentra, además, el plan Apell, de respuesta ante emergencias que integran la Municipalidad, Bomberos, Policía y las empresas químicas, entre otros estamentos. La comunicación falló, una vez más. De haber estado aceitado ese mecanismo, es posible que los operarios de Fábrica Militar ahora afectados hubieran recibido a tiempo una alerta que hubiera permitido que se pusieran a resguardo de la nube tóxica que luego los invadiría. Se ratificó que aún queda mucho por haber en esa materia y que el plan Apell no sale aún de ser un proyecto teórico cuya aplicación práctica es inexistente.

Comentario

por Alejandro Tissera

Seguirá la clausura en la planta de TDI

LA planta de TDI de la empresa Petroquímica seguirá clausurada hasta tanto no ofrezca las garantías de seguridad suficientes para funcionar. Así lo dispuso la medida adoptada el jueves por el Juzgado de Faltas municipal, luego del escape de gases que afectó a unos 40 operarios el miércoles, tanto de esta firma como de la vecina Fábrica Militar, “priorizando la salud de la población”. El intendente Luis Brouwer de Koning dijo que la Municipalidad dispondrá un veedor para certificar el cumplimiento de esa exigencia y se intimó a la firma a que en 48 horas elevara un informe explicando las causas del suceso. Mientras, el hecho está siendo investigado por el fiscal de Instrucción Sergio Cabutto, quien ordenó varias diligencias (ver página 23). La clausura municipal coincide con una parada programada de mantenimiento de la planta de 72 horas.

El miércoles alrededor de las 14.30, la parada imprevista de la planta de producción de TDI (diisocianato de tolueno) debido a un desperfecto en el sistema eléctrico que la dejó sin energía -según contó Juan Moyano, jefe de Relaciones Humanas de Petroquímica- activó un enclavamiento de seguridad. Este proceso provoca la liberación de gas fosgeno (el mismo que mató a dos operarios el 12 de junio en otro accidente), y la inmediata liberación de amoníaco y cloro para neutralizarlo. La intensa nube que se formó, con la ayuda del viento sur que soplaba, afectó a entre cuatro y seis operarios de Petroquímica y de la contratista Assi, y a alrededor de 35 trabajadores de las plantas vecinas de la Fábrica Militar. Todos fueron internados en forma preventiva en tres clínicas locales, con diferentes grados de afección: fundamentalmente irritación de ojos y vías respiratorias superiores. Tanto en Petroquímica como en Fabricaciones Militares se ordenaron los controles médicos producto de la alta sensibilidad que existe luego del anterior accidente fatal. Hasta ayer seguían internados en terapia intensiva nueve operarios y otros seis en salas comunes. El resto ya había sido dado de alta, pero deberán seguir con los controles médicos. La duda es si alguno de ellos inhaló fosgeno. Desde Petroquímica explicaron que eso es imposible ya que el gas letal fue neutralizado.

Daniel Bardella, secretario de Seguridad municipal, señaló que el incidente no afectó al resto de la población.

Los trabajadores de la Fábrica Militar reclamaron ayer más seguridad frente al Municipio (…).

Mientras, el intendente Brouwer reclamó, infructuosamente, la participación de la Agencia Córdoba Ambiente. En el caso también intervino el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.

La planta de TDI de la firma privada es la mayor de su esquema y elabora ese producto que es utilizado para la fabricación de la denominada goma espuma para colchones, almohadas y autopartes.

CUATRO INCIDENTES

-El del miércoles fue el cuarto incidente en menos de dos meses en Petroquímica. Los restantes:

-El 11 de junio ocho operarios se quemaron con residuos de TDI mientras reparaban una cañería.

-El 12 de junio dos operarios murieron al inhalar gas fosfeno tras un desperfecto en planta.

-El 12 de julio la rotura de una brida en el ducto que transporta ácido nítrico desde FM hacia Petroquímica, provocó una nube gaseosa. El caño fue clausurado por el Municipio.

17 JUL 2007
FUENTE: Tribuna CÓRDOBA ARGENTINA

N. DE LA R. DE TERRATOXNEWS: Para saber más acerca de TDI y FOSGENO

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