La avaricia de las empresas navieras amenaza al medio ambiente ¿Quién se hará cargo de los daños?
Como ciudadano argentino no puedo dejar de expresar mi consternación ante el conocimiento de un hecho que se debate ante la justicia de la Capital Federal, y que resulta vergonzoso por donde se lo vea.
 
Escribe Lic. Ciencias Biológicas (UBA) Claudio R. García

La contaminación de las aguas y costas en distintas partes del mundo por derrames de petróleo, puso bajo la lupa la seguridad de los buques tanque, y la responsabilidad de las empresas que los explotan.
 
La catástrofe del Exxon Valdez en las costas de Norteamérica, del Erika en las costas de Francia, y del Prestige en las españolas, motivaron la decisión de la comunidad internacional de adoptar mayores medidas de seguridad para el transporte de hidrocarburos por barco.
 
Bajo esta premisa, se dispuso la salida de servicio de los buques petroleros que tuvieran casco simple y su reemplazo por embarcaciones de doble casco. Hoy, la Unión Europea no permite fondear en sus puertos a ningún barco petrolero que carezca de doble casco.
 
Los ambientalistas internacionales han denominado a los buques petroleros de casco simple “barcos basura”, y mediante cualquier buscador de Internet, resulta fácil obtener una nómina de los mismos, ingresando la búsqueda bajo tales parámetros.
 
Al mismo tiempo, alertaron sobre el previsible éxodo de los mismos a países menos desarrollados.
 
El Estado argentino, conociendo el problema y las directivas que elaboró la Organización Marítima Internacional sobre el particular, prohibió la navegación marítima de dichos buques, y elaboró un cronograma para sacar de servicio a los petroleros de casco simple que hacen navegación fluvial en nuestras aguas, para reemplazarlos en forma previsible y ordenada por unidades de doble casco.
 
Enhorabuena, nuestras autoridades reaccionan a tiempo ante una amenaza al medio ambiente y a la salud pública. Esto es, prevención y adecuación al contexto internacional.
 
Curiosamente, dentro de un contexto político general que les resulta altamente desfavorable, tres empresas navieras intentan obtener judicialmente un paraguas de inmunidad para seguir operando con buques petroleros de casco simple que deberían salir de servicio.
 
Antares Naviera, Shell, y Naviera Albatros han presentado ante la Justicia Federal de la Capital, distintas acciones de Amparo que tienen por objeto eximirse de cumplir las reglamentaciones que puso en vigor la Prefectura Naval Argentina.
 
Queda claro que la iniciativa de las empresas es fruto de la avidez económica y no de la convicción, cuando vemos que Antares Naviera –que opera en nuestro país como parte integrante de la empresa de capitales chilenos SONAP-, en su país de origen tiene la obligación de cumplir con la exigencia del doble casco en sus barcos.
 
De igual modo, que la holandesa Shell, en Europa cumple con la norma del doble casco.
 
Y cuando comprobamos que Naviera Albatros pretende mantener en servicio en nuestro país un barco que fue expulsado de España, ampliamente conocido allá como “barco basura”.
 
Porque si hay ejemplos válidos para hablar de basura, justamente podrían ser estos.
 
Al barco de Naviera Albatros se le dio en Argentina el nombre de “Patricia A”, pero en realidad no es otro que el ex español “Alcudia”, repudiado por la Unión Europea.
 
Y el barco que la Shell pretende poner al margen de la ley, no es otro que el tristemente célebre “Estrella Pampeana”, que en 1999 protagonizó en el Río de la Plata uno de los mayores derrames de petróleo que se recuerde en el mismo, arrojando a las aguas miles de metros cúbicos de petróleo, contaminando el agua dulce que consumimos y las costas bonaerenses.
 
Las manos de los señores jueces, la Dra. Silvina Bracamonte, y el Dr. Alejandro J. Saint Genez, firmarán la resolución de los juicios de Amparo.
 
Como magistrados intervinientes, es la responsabilidad que les corresponde hoy.
 
Pero hay otra responsabilidad que subyace en este problema.
 
¿Quién se hace cargo del mañana?
 
Si los barcos peligrosos obtienen protección judicial para seguir operando, ¿quién se va a hacer cargo de los daños que causen a las aguas protegidas de Puerto Madryn o Ushuaia?
 
¿Quién va a garantizar la vida de los millones de pingüinos que habitan nuestras costas patagónicas?
 
Es evidente que el ánimo de lucro de unos pocos particulares insta estas acciones judiciales.
 
Pero aún cuando se piense únicamente en el lucro, ¿alguien consideró cuáles serían las pérdidas económicas para la Provincia de Buenos Aires y sus ciudades balnearias, en caso que se contaminen con petróleo las playas?
 
Sobrevivirá la comunidad de Puerto Madryn sin sus ballenas? Quien se hará cargo?
 
Sobrevivirá Mar del Plata, Pinamar, Santa Teresita…sin sus playas? Quien se hará cargo?
 
Sobrevivirán los vecinos de Magdalena a otro Estrella Pampeana? Quien se hará cargo?
 
Sobrevivirá la merluza a un derrame en la costa patagónica? Quien se hará cargo?
 
Sobrevivirá el langostino del Golfo San Jorge? Quien se hará cargo?
 
Que uno pocos ganen mucho y muchos se queden sin trabajo. Quien se hará cargo?
 
En síntesis, de este potencial CROMAGNON, QUIEN SE HARA CARGO?
 
El Poder Ejecutivo Nacional oportunamente dio señales claras de madurez en torno a la prevención de este problema.
 
Confiemos en que Dios ilumine a los restantes Poderes de la Nación, o que al menos nos haga saber quiénes son los responsables de nuestras tragedias.
 
Claudio R. García
Lic. Ciencias Biológicas (UBA)
24 MAY 2007
FUENTE: www.politicaydesarrollo.com.ar   BS.AS.  ARGENTINA
http://www.politicaydesarrollo.com.ar/nota_completa.php?id=1996

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