BUROCRACIA Y MEDIO AMBIENTE 
Se suman organismos, pero nadie impide que el agua de la zona se degrade. El Cocaprhi y el Codema comparten sus métodos y sus pobres resultados. 

Una investigación realizada para este diario por el académico de la universidad británica de Surrey, doctor Neil Ward, determinó la presencia de metales pesados, contaminantes industriales y domiciliarios, de derivados de la combustión de hidrocarburos y algunos restos de pesticidas en las aguas del canal principal de riego del Alto Valle, en canales y desagües cercanos a lugares poblados y en aguas del río Negro.

Hace 16 años, cuando la Legislatura sancionó la ley de creación del programa de Control de Calidad y Preservación de los Recursos Hídricos  Cocaprhi , el gobierno provincial aseguró que era la herramienta adecuada para garantizar la salud de los cursos de agua superficiales y de las reservas subterráneas.

La ley derivó en la creación de un organismo, en la designación de cargos técnicos, operativos y administrativos que se sumaron a los que ya tenía el órgano de control de la prestación del servicio y del saneamiento  el Departamento Provincial de Aguas  y en la asignación de recursos. Tiempo después, y para canalizar el reclamo público, se creó el Consejo de Ecología y Medio Ambiente, al que se le asignaron también personal y medios, sin contar que existe además el área de Salud Ambiental en ámbito del ministerio respectivo.

Es indudable que el Cocaprhi no ha estado ocioso. Ha elaborado programas, ha realizado inspecciones a empresas, ha establecido cronogramas para que las firmas inspeccionadas se adecuaran a las exigencias construyendo plantas de tratamiento de efluentes, ha elaborado informes, ha hecho análisis. En fin… Pero, hoy, la evidencia de que nada de eso fue suficiente está en el canal principal, en los canales secundarios, en los desagües, en el río.

Llamativa resultó la respuesta que el titular del Departamento Provincial de Aguas brindó al conocer la investigación realizada por el doctor Ward: Horacio Collado no mostró sorpresa. Por el contrario, dijo que gran parte de la información consignada “coincide con la que tenemos”.

Sin aludir en nigún momento a responsabilidades del propio gobierno provincial, que tiene continuidad de signo político desde 1983 y que él mismo ha integrado en todos estos años, se limitó a atribuir los problemas de contaminación “a una cuestión de conciencia de los ciudadanos” y a agregar que en el tema “deberían tener injerencia directa los municipios, con una mejor política de control”.

Según el funcionario, la provincia “monitorea el río en forma constante y tenemos muy bien controladas las industrias con sus efluentes”, por lo que posee “muchos informes internos sobre metales pesados”, no sólo de la ex Indupa sino de otras numerosas fuentes de contaminación.

Resulta por cierto saludable saber que hay funcionarios tan bien informados sobre la materia puesta bajo su cuidado. Pero rápidamente surge un interrogante: ¿de qué sirve que Collado conozca tan bien quién contamina nuestra agua si no hace lo necesario para evitarlo? ¿Si no toma las precauciones para que la población que vive en áreas de riesgo conozca a lo que se expone y adquiera hábitos para evitarlo o remediarlo? ¿Si no hace nada para impedir que niños jueguen con agua o suelos que los enferman? ¿Si no usa la publicidad oficial que el DPA eroga en los medios de comunicación de toda la provincia para ponerla al servicio de la salud de la población?

Varios son los elementos a tener en cuenta en relación con el tema:

-En principio, se alude a “las industrias” como las responsables de la más grave contaminación, cuando en realidad hay muchas más fuentes de vertido de metales pesados o de residuos tóxicos que apenas merecen la atención de los organismos específicos: lubricentros, pequeñas fábricas de baterías, laboratorios fotográficos, clínicas radiológicas, procesos de extracción de metales, pilas, plásticos, vulcanización de cubiertas, pinturas, asfalto. Hace apenas unos días, el gremio ATE admitió que los líquidos para revelar las 6.000 radiografías mensuales que se sacan en el hospital de General Roca se vierten a la cloaca, sin ningún tipo de tratamiento. Esa misma cloaca es la que, luego de un tratamiento en piletas que tiende a reducir su contenido de materia orgánica  pero que en nada afecta el nivel de los metales pesados que posee , desemboca luego por medio del P-V directamente al río Negro, en cercanías del barrio El Petróleo. Allí, cualquier inundación ribereña o falla en la descarga hace que esos contaminantes lleguen a suelos secos donde luego se desarrollan actividades humanas.

Apenas un razonamiento simple permite preguntarse si el dato deberá ser multiplicado por el número de hospitales, y si el Cocaprhi es más riguroso en controlar a las clínicas radiológicas privadas que a los propios establecimientos de salud que dependen del mismo gobierno provincial.

-Una revisión de la tarea que ha realizado el Cocaprhi hasta ahora permite advertir que ha buscado que las industrias inspeccionadas adecuen el tratamiento de sus efluentes, y lo ha hecho de forma tan gentil, progresiva y suave que virtualmente la solución del tema ha quedado librado a la mayor o menor buena voluntad que cada empresario haya tenido para cumplir con la norma.

Así, las fotos tomadas por el doctor Ward durante su relevamiento muestran que las dos jugueras relevadas  una en Cinco Saltos y otra en Villa Regina  vierten sus efluentes hacia el desagüe público sin el tratamiento debido, y que una estación de servicio de Regina conecta con un caño la descarga de su playón al arroyo Salado, que ya a simple vista muestra manchas de hidrocarburos.

Pero la provincia tiene otros temas pendientes con la sociedad rionegrina:

” Los residuos con mercurio en la ex Indupa han sido motivo de muchos expedientes, pero todavía siguen contaminando canales y napas.

” El PCB en jurisdicción de Sierra Grande es un problema, al parecer grave, que no ha merecido una explicación exhaustiva a la población.

Lo mismo puede decirse de las compras de piedra que hizo el DPA para las defensas costeras que realiza por cuenta de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas: en lugar de comprar piedras resistentes compró caliza, que se desintegró dentro o fuera del río. Con la agravante, en ese caso, que involucró el prestigio de la Universidad del Comahue en análisis a todas luces irregulares.

Mientras el radicalismo rionegrino insista en considerar al gobierno como un club de amigos y a la función pública como una actividad política rentada por el Estado, la comunidad provincial seguirá esperando que los organismos públicos que sostiene con sus impuestos le sirvan a alguien más que a los funcionarios que los dirigen.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar

21 ENE 2007
FUENTE: RÍO NEGRO ON LINE   RÍO NEGRO  ARGENTINA
http://www.rionegro.com.ar/diario/2007/01/21/20071o21s02.php

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